Por Juan Pablo Elverdín, corresponsal de NOVA en el Concejo Deliberante de La Plata

En una sesión que tuvo como preludio la declaración de tres ciudadanos ilustres, se realizó este miércoles una nueva sesión ordinaria del Concejo Deliberante de La Plata. Y, cómo cada miércoles, algunos temas dispararon la “balacera mediática” que, algunas veces, dan lugar a situaciones tragicómicas (como la intervención “a destiempo” de algunos ediles).
El concejal Sebastián Tangorra se refirió a los nombramientos de ciudadanos Ilustres que se realizó en el inicio de la sesión. En ese sentido, justificó su ausencia en ese momento al acuerdo al que, según dijo, habían llegado, de que se esperaría la nueva normativa (que se aprobará en la sesión del próximo miércoles). Así, “felicitó” a la presidenta de la comisión de Legislación, de quien dijo que tiene más protagonismo que el propio presidente del Concejo.
A continuación, la concejal Susana Sánchez pidió que se leyera un expediente que fue enviado directamente a la comisión de Hacienda a través del artículo 14 del Reglamento Interno. El mismo se refiere a una serie de contratos de locación que envió el Ejecutivo al Concejo.
Luego de que la concejal Lorena Riesgo, titular de la comisión en cuestión caracterizada como “improcedente” el pedido de Sánchez, ésta solicitó que se tratara de manera rápida dicho expediente.

El tránsito, eje del debate

La concejal Teresa Urriza, en tanto, se refirió al proyecto que permite el pago voluntario de infractores de normas de tránsito en los diferentes comercios habilitados. La edil alakista, luego de hacer una detallada descripción de lo que jurídicamente significa cometer una infracción de ese tipo, aseguró que con esta norma se permitiría infringir normas que garantizan una acción del Estado. “Mientras en la ciudad de Buenos Aires le están retirando el carnet por cometer una determinada infracción, aquí le estamos facilitando la forma de pago de esa multa. Es decir, permitimos que aquellos que puedan patrimonialmente sigan cometiendo una y otra vez infracciones, facilitándoles las bocas de cobro para que no tengan la molestia de dirigirse hacia un juzgado de faltas”, aseguró.
En otro punto, Sebastián Tangorra volvió a utilizar la ironía para felicitar a los integrantes de la comisión de Tránsito por el tratamiento de los expedientes que se habían presentado hace 7 meses, referidos a la Seguridad Vial en la ciudad. “Califico como trascendente la resolución, ya que quienes integran la comisión de Tránsito del Concejo Deliberante formen una nueva comisión, al menos eso es lo que se desprende del proyecto. Por eso quiero resaltar el esfuerzo de todos los integrantes de esa comisión. Lo que no entiendo es por qué esta comisión se forma por Ordenanza y no por decreto. Pero insisto con que felicito a todos los integrantes por el enorme esfuerzo puesto en el tema”, aseguró el concejal alakista en tono irónico.
Tangorra cerró su alocución recordando la frase de Juan Domingo Perón, en la que decía que si alguien quiere que algo no funcione, había que crear una Comisión. El proyecto pasó a la comisión de Legislación, en donde terminará de delinearse.
La situación de Control Urbano, disparador de la polémica
A la hora de discutir el pedido para que el Subdirector de Control Urbano, Ignacio Martínez, se presente en el Concejo para responder distintas inquietudes de los concejales, la edil Susana Sánchez se refirió a que “en varias ocasiones hemos presentado pedidos de informes que no han sido respondidos, o lo han sido de manera incompleta. Además, hay un par de normas aprobadas hace un tiempo, que no fueron puestas en práctica, como la oficina de nocturnidad y la que regula la venta de pegamento”.
La presidenta del bloque oficialista, Valeria Amendolara, rechazó que esas normas no se estén aplicando, aunque aseguró que “en estos temas también tiene injerencia la Provincia”. Además, hizo un repaso por algunas medidas que la gestión municipal ha tomado en esos temas en los últimos tiempos. “Decir que el Municipio no hace nada es una generalidad, y es desconocer algunas cuestiones que son más complejas de lo que parecen”.
Sin embargo, Sánchez reiteró que más allá de lo que dijera la concejal oficialista “el que debe dar las explicaciones es el responsable de Control Urbano. Y las respuestas deben ser por escrito, como corresponde”.
El concejal Julio Irurueta manifestó que, precisamente, la convocatoria al funcionario “es para que sea él el que de las explicaciones correspondientes y no la concejal Amendolara”.
Por su parte, Teresa Urriza afirmó que la actual gestión “debe hacerse cargo de lo que ha ocurrido con el tema de los registros de conducir, cosa que no está ocurriendo. ¿Cómo hará para hacerse cargo de una policía comunal, como viene pidiendo Bruera?”, se preguntó la edil.
La que le respondió fue la concejal María Fernanda Moggia, quién dijo que “no se puede acusar desde la amnesia. En la gestión del intendente Julio César Alak también sucedió que se entregaron carnets de conducir de manera libre. Por eso creo que tal vez se le pueda pedir algún consejo”. Y la respuesta de Urriza fue contundente: “tal vez debió hacer la denuncia en su momento. Pero en todo caso le recuerdo que el actual jefe comunal fue la mano derecha del entonces intendente”.
Para completar el bombardeo dialéctico del momento, como viene sucediendo desde hace un tiempo, Enrique Capparelli acusó a la oposición de “carecer de elementos para aportarle a los vecinos. Lo único que hacen es negar absolutamente todo. Sería muy bueno que la oposición aportara trabajo y propuestas para cada uno de los temas. Nosotros trabajamos para darle beneficios a los vecinos, que es para lo que nos votaron”.
Además, el presidente de la comisión de Planeamiento confió que “no es fácil la gestión, mucho más teniendo en cuenta que apenas llevamos casi tres años. Cometeríamos un gravísimo error creer que el máximo responsable es el intendente de lo que han hecho algunos colaboradores. Lo que tenemos que hacer es resaltar la gestión que viene trabajando, y la actitud que tuvo Bruera para tomar rápidamente cartas en el asunto”.
Para separar la gestión actual de la anterior, el concejal Fabián Lugli recordó el nombramiento en Control Urbano que hizo Alak de un genocida (ex General del ejército Gustavo Vitón), al que, recordó el edil, “no lo echaron por esta situación, sino que se tuvo que ir por los continuos escraches que sufrió de parte de organismo de Derechos Humanos de la ciudad. Por eso separo la actual gestión, que se hace cargo de los funcionarios que pone y de las decisiones que toma. Tengamos cuidado cuando hablamos de responsabilidad”.
La discusión se tornó más política y con chicanas hacia el pasado y hacia el presente. Así, Gastón Crespo, Valeria Amendolara y Fabián Lugli se enredaron en pases de factura y acusaciones de “militancia” que nada tenían que ver con el expediente en tratamiento. Por supuesto, el cruce de palabras, en líneas generales, estuvieron muy por debajo del nivel que requiere un Cuerpo Legislativo que debe responder a las necesidades de la ciudad.
El otro punto que generó un fuerte cruce entre oficialismo y oposición el gasto efectuado por la actual administración en informes que solicitó en el 2008 a consultoras externas y en lo cual se gastó $ 500.000. En ese sentido, Irurueta señaló que “pedimos ver los contratos que realizó con las empresas y personas físicas con quienes se realizó este acuerdo, si se siguen haciendo y los informes mensuales que tienen un costo de $ 10 mil teniendo en cuenta que esto podría realizarlo la Dirección de estadística del Municipio”.
“La actualización última del sitio de estadística comunal es de octubre del 2007 y pretendemos analizar los informes que se piden a consultoras privadas, corroborar que se traten de asuntos municipales y no de campañas, y ver que esos informes lo pueda realizar la Dirección de estadística y los $ 500.000 que gastó allí se utilicen otras cosas como cloacas”, indicó Irurueta.
La respuesta la dio la presidenta de la comisión de Legislación, Lorena Riesgo quien resaltó que “el Tribunal de Cuentas de la Provincia no objetó el dictamen, sólo faltó una orden de pago de $ 10 mil.”
Así se cerró una nueva sesión del Concejo Deliberante, en la que viejas rencillas políticas ocuparon el centro de la escena.